Los abajo firmantes, ciudadanos de Cataluña, queremos mostrar nuestra inquietud y hacer oír nuestra voz ante el creciente deterioro de la convivencia lingüística en Cataluña ocasionado por la cada vez menos disimulada aspiración monolingüista del catalanismo político.
Deseamos dejar patente desde estas primeras líneas que nuestras quejas no se dirigen ni contra la lengua catalana - que también es nuestra-, ni contra el pueblo de Cataluña -del cual formamos parte-, sino contra la ideología nacionalista que pretende suplantar la voluntad de todos los catalanes, confundir sus intereses con los de Cataluña y eliminar, bajo criterios étnicos, su diversidad cultural. Como en tiempos pasados lo pretendió el nacionalismo españolista.
Igualmente queremos señalar y valorar la tolerancia lingüística que entre particulares se da en la sociedad civil, hecho que hace del bilingüismo de Cataluña uno de los mejores trabados y menos problemáticos de todos cuantos existen en el mundo.
Poner en peligro esa saludable convivencia lingüística, además de gratuito, sería peligroso. Aunque valorar positivamente la relación entre particulares, no significa aceptar la intolerancia que vemos en las instituciones.
LA GENERALIDAD ACTÚA Y LEGISLA AL MARGEN DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD CASTELLANOHABLANTE
Pese a la cooficialidad de las dos lenguas que la Constitución Española garantiza y el Estatuto de Cataluña ampara, la Generalidad ignora sistemáticamente el castellano en todos los ámbitos de su competencia: en indicadores de calles y carreteras, en rótulos de escuelas, institutos y universidades, en bibliotecas, museos, conferencias, ferias y congresos etc, produciéndose el agravio comparativo de dejarse acompañar el catalán por el inglés en determinadas ocasiones y espacios, pero nunca del castellano. De lo que es inevitable deducir un desprecio voluntario por la lengua española. No deberíamos olvidar que la exclusión de un rasgo esencial de los derechos de alguien degrada a los de toda la comunidad que los comparte.
Con ese mismo sentimiento hemos contemplado cómo ha ido desapareciendo la lengua común de todos los españoles de instancias, edictos municipales, programas de festejos, avisos oficiales, de cartas y circulares; de estaciones ferroviarias, metros, guías y autobuses urbanos. Por supuesto, todos los medios de comunicación -sean de prensa, radio o televisión- dependientes de la administración autonómica son exclusivamente en catalán. La frontera de esta limpieza lingüística se acaba en los límites de lo privado aunque ya existen múltiples formas de incentivación económica y de presión comercial para no hacer rentable el uso normal del castellano. Este es el caso de las subvenciones oficiales para cambiar los letreros comerciales, para publicar cualquier cosa con tal de que no sea en castellano o, subvencionar cualquier manifestación cultural -buena o mala- con tal de que sea en catalán. No es difícil apreciar qué significado adquiere ese exclusivismo lingüístico en el campo de las contrataciones laborales.
Por su parte, la Iglesia oficia los actos religiosos e imprime sus hojas parroquiales básicamente en catalán. Renuncia así a su universalidad, y se inmiscuye en lo político para bendecir atropellos a los derechos humanos y santificar la intolerancia nacionalista.
Especialmente frustrante es comprobar cómo arrancan nuestro voto en días electorales utilizando el castellano y cómo después lo proscriben dentro del hemiciclo del Parlamento de Cataluña hasta el próximo período electoral. Semejante actitud es degradante para la representatividad democrática y un signo inequívoco de xenofobia cultural contra toda la población de Cataluña.
Ante todo esto, ¨se puede hablar de que el castellano es "realmente" oficial en Cataluña si allí donde alcanza su oficialidad, es decir, en lo público, nunca está presente?.
LA INMERSIÓN, ARMA DE SUBSTITUCIÓN LINGÜÍSTICA
Nada es, sin embargo, tan inconcebible como lo que ocurre en la enseñanza. Bajo el nombre de "inmersión", todos los niños de 3 a 8 años de las escuelas públicas y casi todos los de las privadas subvencionadas son obligados por la Generalidad a recibir la enseñanza únicamente en catalán y de catalán, con o sin consentimiento de sus padres. Tal práctica, aparte de ser un abuso totalitario impropio de una sociedad democrática, perjudica especial y gravemente a los niños castellanohablantes al verse acobardados por una lengua que a los tres años aún no conocen y que les sumirá en un desconcierto gratuito, precisamente en un medio como el escolar que tanto necesita de calor humano y prolongación de hogar.
Esa ilegal práctica pedagógica que impone la Generalidad a nuestros hijos lleva al niño a la apatía escolar y, como consecuencia, a un menor rendimiento intelectual reflejado en su menor capacidad abstractiva y en su escasa disposición para la concentración y el esfuerzo. Y esto es especialmente grave en los niños de capacidad intelectual media, media-baja que, si bien en circunstancias escolares normales superarían sus estudios -aunque sin holgura-, con dificultades lingüísticas les será difícil lograrlo. Este prototipo de niño, cuando además pertenece a un medio familiar económicamente humilde y con escaso nivel cultural -como desgraciadamente acontece en la mayoría de familias castellanohablantes de los cinturones industriales de nuestras ciudades-, acumula todas las dificultades que conducen directamente al fracaso escolar.
Pero que nadie se lleve a engaño, los niños catalano- hablantes también saldrán perjudicados, ya que nunca podrán alcanzar un dominio de la lengua española al reducir la "Conselleria d'Ensenyament" su uso a las horas estrictas de un idioma extranjero.
Y todo esto la Generalidad lo lleva adelante incumpliendo sus propias leyes. El artículo 14.2 de la "Ley de Normalización Lingüística" dice: "Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano. La Administración debe garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores pueden ejercerlo en nombre de sus hijos instando a que se aplique". No obstante y pese a las 7 sentencias del Tribunal Supremo contra disposiciones lingüísticas ilegales de la Generalidad -como la anteriormente citada- así como a las protestas crecientes de los padres para que sus hijos reciban enseñanza en y de castellano desde pequeños, la Generalidad les niega este derecho en nombre de intereses inconfesables que disfrazan tras un victimismo nacional y lingüístico del que se consideran los únicos y legítimos herederos. A partir de ahí se falsea de raíz la "normalización del catalán" -a la que siempre hemos dado y seguiremos dando apoyo- convirtiéndola en un método de substitución lingüística, y cuyo fin es la imposición del cambio de lengua a todos los niños castellanohablantes, logro que sólo podría ser alcanzado -piensan- si se les implanta desde pequeños la ideología monolingüista.
Es una estrategia de simulación llevada a cabo, una y otra vez, por la política lingüística de la Generalidad, consistente en ampararse en el derecho al bilingüismo en todos aquellos espacios en que el castellano posee mayor aceptación, para pasar al monolingüismo en catalán en cuanto su uso está generalizado.
A partir de ese momento se considerará una afrenta a Cataluña y al catalán el derecho al bilingüismo. El castellano queda así proscrito.
A este y no a otro fin conduce la normalización lingüística falseada por la ideología nacionalista, cuyas consecuencias se traducirán en una pérdida del carácter oficial de la lengua española en Cataluña así como su empobrecimiento como idioma, que pudiera llegar a convertirlo en inservible como herramienta laboral. El agravio a la lengua catalana no será menor al ser instrumentalizada como mero vehículo ideológico de incalculables consecuencias para su futura consideración social.
A pesar de ésta mal llamada "normalización", el carácter perverso del proyecto lingüístico tendría un alcance limitado si no fuera acompañado por una estrategia de ingeniería social orientada a cambiar la personalidad de las gentes. La omnipotente propaganda nacionalista, a la que colabora en gran medida parte de la prensa local catalana, ha introducido en la población castellanohablante injustificados sentimientos de culpa, deuda e inferioridad, reduciendo a estos ciudadanos a la falsa categoría de recién llegados, y haciéndoles perder, en gran medida, el sentimiento de autoestima hacía sus valores culturales y su forma de hablar. En esta pedagogía de la autodestrucción y el autodesprecio tiene la política de eliminación del castellano su más sólido fundamento.
Ante la evidencia de tales acusaciones e incapaz de enmascarar por más tiempo las transgresiones a la "Ley de Normalización Lingüística", el gobierno de la Generalidad ha iniciado una nueva campaña de simulación victimista para camuflar sus agresiones a los derechos lingüísticos de la mitad de los ciudadanos de Cataluña pretendiendo cambiar el articulado de la actual "Ley de Normalización del Catalán" por uno de cariz más catalanista que legalice sus actuales atropellos y posibilite otros. Tales cambios van desde el chantaje, vía subvenciones, a empresas para obligarlas a usar sólo el catalán, a la derogación del derecho que tienen los padres a elegir el idioma en que deben estudiar sus hijos, hasta exigir cuotas cinematográficas en catalán a empresas privadas o imponer sanciones contra quienes se resistan a esta actitud totalitaria.
DERECHO A LA LENGUA MATERNA
Ante ello queremos dejar constancia de nuestra más profunda repulsa y de nuestra decisión, firme e irrevocable, de llevar a cabo, por todas las vías democráticas, incluidas la desobediencia civil y la abstención activa, la defensa de la lengua española en Cataluña y los derechos laborales de los ciudadanos castellanohablantes que a causa de la lengua pudieran ser marginados del mercado del trabajo. Porque nadie tiene legitimidad suficiente para substituir a los padres pertenecientes a una comunidad bilingüe en lo tocante a un derecho tan básico como es el de la libre elección de la lengua en que sus hijos deben ser educados. Tal derecho inviolable lo avalan la UNESCO, la UNICEF, la Constitución Española, el Estatuto de Cataluña y la Ley de Normalización Lingüística vigente.
Nosotros entendemos que ningún niño de Cataluña o de cualquier otro lugar de España debe verse privado del derecho a usar y a conocer, lo mejor posible, una cultura y una lengua que, además de ser común de todos los españoles, es la segunda en importancia en el mundo, hecho que nos sitúa en un lugar de privilegio a ella y a los 360 millones de seres humanos que tenemos la inmensa suerte de compartirla.
En ningún caso implica la exigencia de este derecho el menoscabo a la enseñanza de la lengua catalana en nuestras escuelas; muy al contrario, el respeto mutuo garantizará una mayor simpatía hacia su aprendizaje y uso. Y para que este ideal sea un día no lejano una realidad, proponemos tres opciones lingüísticas:
A - Castellano como lengua vehicular y catalán como lengua enseñada desde el primer año de escuela.
B - Bilingüe. La mitad en cada lengua.
C - Catalán como lengua vehicular y castellano como lengua enseñada desde el primer año de escuela.
Padres y jóvenes estudiantes deberían poder disponer de las tres opciones lingüísticas en todos los centros de enseñanza de Cataluña para que pudieran optar libremente por una de ellas sin renunciar al contacto y al aprendizaje de la otra y así poder crecer intelectualmente en la diversidad cultural que nos rodea en la vida real. Tal diversidad aseguraría a la vez el derecho de cada profesor a utilizar su lengua.
El objetivo final es que dominen correctamente las dos lenguas y las puedan utilizar sin restricciones.
TOLERANCIA LINGÜÍSTICA Y DERECHO A LA DIFERENCIA
Al hilo de esa diversidad cultural que nos obliga a cuidar con mimo la tolerancia hacia el otro, queremos denunciar igualmente el exceso de celo nacionalista o la mala fe de los programas educativos del "Departament d'Ensenyament", llevados a cabo en la mayoría de los casos por consignas y leyes no escritas, que han convertido la recuperación del catalán en cruzada contra los valores culturales y lingüísticos de buena parte de los ciudadanos de Cataluña.
Este hecho no sólo traiciona los criterios por los que se regía la recuperación del catalán, sino que borra de la memoria colectiva de nuestros escolares cualquier hecho histórico que no cuadre con los sueños de la ideología nacionalista. Y eso, creemos, no sirve para educar al niño en los valores de tolerancia, que todo ciudadano necesita para saber respetar y exigir ser respetado en la Cataluña plural de hoy, sino para convertirlo en una marioneta del aventurismo nacionalista. Es tan grave esa manipulación del pasado, que una mañana cualquiera pudiera suceder que, sin explicarnos bien cómo ha sido posible,, nos miremos en nuestros hijos y no nos reconozcamos.
Y mientras todo esto acontece, el gobierno español deja hacer acomplejado por el talante desestabilizador del catalanismo político constantemente contrariado; los intelectuales, por su parte, aguantan, cooperan o callan; los líderes de opinión y los medios de comunicación recitan el guión nacionalista si interesa y algunos censuran cualquier noticia en contra; los partidos políticos catalanistas satanizan la disidencia y los dirigentes de sindicatos y partidos de izquierda secuestran la voluntad de sus votantes bajo la conjura del fantasma españolista. El resultado final es miedo, mucho miedo a decir, pensar o hacer uso de la libertad de expresión que toda sociedad democrática ampara, por temor a ser considerados socialmente indeseables, perder la simpatía de quienes nos dan trabajo o ganar la hostilidad comercial de clientes susceptibles. Aunque es el temor a ser señalados como anticatalanistas o ultraderechistas lo que conjura con más eficacia la crítica.
Al final de esta pesadilla sólo queda el silencio o el exilio lingüístico. Porque disentir hoy en Cataluña aboca inevitablemente al ostracismo social, político o profesional.
Por ello hacemos un llamamiento a la sociedad civil para que recupere la dignidad democrática perdida, se entusiasme de nuevo con la libertad de pensamiento y defienda la lengua catalana y la castellana con la ilusión de quien acaba de encontrar las dos últimas piezas perdidas del único puzzle posible con el que podemos construir en paz el futuro.
Firman el presente manifiesto:
Antonio Robles Almeida, Ángela Diest Esco, Eduardo Jodra Martín, Paloma León Santos, Rafael Ávila Gámez, Félix Pérez Romera, Eusebio Murillo Sánchez, Xavier Bonet Lleixà, Eduardo Baroja Otero, José Ginés Gimeno, José Miguel Velasco Polonio, José Luis de Lacalle Fernández, y 14.000 ciudadanos más, cuyas firmas pertenecientes exclusivamente al territorio de Cataluña han sido certificadas ante notario.
Barcelona a 21 de Mayo de 1994.
NOTA:
A 20 de Mayo de 1.995 este Manifiesto ha sido firmado por 50.000 ciudadanos de Cataluña
Asociación por la Tolerancia, Manifiesto en catalán y en English
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