Por un nuevo modelo de Cataluña
Los firmantes de este documento hacemos públicas estas reflexiones en un momento en que la sociedad catalana comienza a reaccionar contra las ideas dominantes en los últimos dieciocho años. Creemos, pues, que hay motivos par el optimismo. Por lo tanto, animamos a todos los ciudadanos y ciudadanas, todas las asociaciones, partidos y sindicatos, a que expresen su opinión sobre estos temas sin inhibiciones ni temores, ya que estamos convencidos de que solamente después de un debate abierto y un diálogo amplio podrá la sociedad catalana superar la pobre situación actual y contribuir, con todas sus energías, a la construcción de una sociedad más libre e igualitaria.
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POR UN NUEVO MODELO DE CATALUÑA
(Segundo Manifiesto del Foro Babel)
La situación política en Cataluña es cada día más preocupante. El Gobierno nacionalista de Convergencia y Unió, con el apoyo, silencio o complicidad de sectores influyentes de todo el espectro político, social y cultural, está desarrollando un modelo de Cataluña que genera tensiones, margina a una parte importante de la sociedad catalana y, sutilmente, va debilitando poco a poco -ante la pasividad, la resignación o el miedo de muchos- los ejes principales del gran pacto que supuso la aprobación de la Constitución y el Estatuto.
Este documento no tiene por objeto criticar al actual Gobierno de CiU por desacuerdos con aspectos sectoriales de su actuación pública, como podrían ser la regresión derivada de las actuales políticas de bienestar social (enseñanza, sanidad, trabajo), la insuficiente inversión en infraestructuras, la ineficacia de la gestión administrativa o el aumento incesante del déficit financiero. Por encima de estas y otras críticas, que estarían totalmente justificadas, queremos centrar nuestra atención en elementos más estructurales y de fondo, de alguna manera previos a la acción política, que conducen a la sociedad catalana hacia un modelo que no se corresponde ni con lo que mayoritariamente se deseaba en los inicios de nuestra democracia, ni con lo que ponen de manifiesto las expresiones libres y públicas de muchos catalanes de hoy.
Últimamente, sectores muy significativos de Cataluña han empezado a discrepar en voz alta sobre el modelo de país que se está construyendo. Las discrepancias públicas sobre ciertos principios, hasta hoy incuestionables, porque se les consideraba casi como sagrados, apuntan a la necesidad de un debate abierto con el objeto de revisar el modelo. Este documento quiere ser una contribución a ese debate necesario. Por un lado, pretende hacer reflexionar sobre los aspectos más negativos del actual modelo nacionalista; por el otro, presenta también unos principios alternativos sobre los que fundamentar una Cataluña basada en ciudadanos auténticamente libres y en instituciones realmente democráticas.
I
El origen inmediato de la Cataluña actual se encuentra en el pacto social y político al que llegaron, en los últimos años del franquismo y en la época de la transición , los ciudadanos representados por la mayoría de las fuerzas democráticas, y que se expresó políticamente en la Constitución y el Estatuto. Según aquel pacto, Cataluña, entendida como el conjunto de ciudadanos que forman una especifica realidad social y cultural, debía dotarse de unas instituciones propias, en el marco constitucional del Estado español, con el fin de gozar de un amplio autogobierno, garantizar el libre uso de las dos lenguas utilizadas por los ciudadanos catalanes y proteger el patrimonio cultural, dentro siempre del respeto a la pluralidad existente en la sociedad.
A raíz de la formación del primer gobierno presidido por Jordi Pujol después de las elecciones de 1980, y mucho más claramente después del triunfo de CiU por mayoría absoluta cuatro años después, este pacto empezó a agrietarse sigilosamente en diversos frentes, al tiempo que se debilitaba el amplio y sólido consenso anterior. Desde la coalición gobernante, desde determinados medios de comunicación -en muchos casos públicos- y desde otros sectores nacionalistas de Cataluña, se estableció una nueva doctrina oficial que se puede expresar básicamente en los siguientes postulados:
1. Los ciudadanos de Cataluña se dividen en dos categorías: catalanistas y españolistas.
Nadie puede zafarse de esta dicotomía simplista, establecida por la doctrina oficial. Los denominados españolistas no están legitimados para ejercer cargos o funciones públicas ni tareas de responsabilidad cívica, social o cultural. Todo ataque a las posiciones nacionalistas se convierte en un ataque contra Cataluña, y todo disidente de la doctrina oficial es un anticatalán. Por otro lado, España -el Estado español, como se le designa habitualmente- es considerado un país exterior y extraño a Cataluña, del que los catalanes no formamos parte. Teniendo en cuenta los sentimientos y el origen familiar de muchos catalanes, estas posiciones crean continuas tensiones internas y generan enemistad con el resto de españoles.
2. Sólo es cultura catalana la que se hace en lengua catalana.
No se reconoce la pluralidad cultural catalana. Las instituciones autonómicas -conculcando el principio constitucional de igualdad- no dan el mismo trato a las manifestaciones de las diversas culturas, y otorgan una desproporcionada preferencia -en muchas ocasiones, la exclusividad- a las que responden a los postulados del nacionalismo catalán. Un ejemplo significativo de esta falta de respeto por la igualdad y el pluralismo son las ayudas de la Generalitat para llevar a cabo actividades culturales que la ideología nacionalista no considera como propias: en este caso, las subvenciones, en virtud de una orientación paternalista y xenófoba, se asignan desde el Departamento de Bienestar Social, y no, como sería pertinente, desde el Departamento de Cultura.
3. El catalán es la única lengua propia de los catalanes
La política lingüística tiene como finalidad convertir el catalán en lengua única y obligatoria de todas las instituciones, con una clara opción por un monolingüismo que no se corresponde con la realidad lingüística existente. Especialmente grave es la repercusión de esa política en la enseñanza, que establece el catalán como lengua vehicular única, de las actividades docentes y no docentes. Los principales perjudicados de esta situación son dos grupos sociales. Primero, y principalmente, salen perjudicados los sectores económicamente más débiles, inmigrantes de primera o segunda generación. Éstos, además de vivir en un entorno cultural marginado, se encuentran escindidos entre la lengua materna de aprendizaje familiar y la que se les impone desde la administración educativa. Sin más recursos que los públicos para resolver satisfactoriamente esta situación de dualidad cultural, es evidente que su igualdad de oportunidades aparece muy restringida, en comparación con los sectores autóctonos más acomodados. Los otros damnificados por esta política educativa son los alumnos que provienen de un entorno cultural totalmente catalanohablante que, a pesar de las facilidades que da nuestra sociedad para incorporar el castellano desde niños a la propia personalidad, resultan víctimas de una política sectaria de enseñanza monolingüe en catalán, que repercutirá muy negativamente en su futuro.
4. El Estatuto de Autonomía es insuficiente para las necesidades de autogobierno de Cataluña
De manera reiterada, se invoca la necesidad de llegar a un ambiguo e impreciso ideal de independencia, siendo el Estatuto y las instituciones actuales simples instrumentos de carácter transitorio hacia una definitiva , pero nunca explicitada claramente, soberanía de Cataluña. Ya que Cataluña no constituye el Estado independiente que, según el punto de vista nacionalista, le correspondería por derecho, las instituciones autonómicas han de actuar como si fuesen los órganos de ese Estado imaginario: el deseo de tener un Estado propio se sublima así en el terreno simbólico. En este contexto, se establece una constante comparación con las demás comunidades autónomas, exigiendo para Cataluña un injustificado trato de favor respecto al resto de España, cosa que provoca una creciente sensación de insolidaridad de los catalanes respecto a los demás ciudadanos españoles. Más aún, la permanente tensión creada por el nacionalismo es ajena a los intereses cotidianos de los ciudadanos de Cataluña.
Estos cuatro factores rompen el consenso inicial porque son expresión de una determinada ideología nacionalista, promovida por CiU y aceptada -implícita o explícitamente- por otros partidos, que se ha convertido en la ideología oficial de los poderes públicos, y, con más o menos intensidad, también de amplios sectores de la sociedad civil. En algunas formas, es una ideología contraria a los principios democráticos: divide a los ciudadanos de Cataluña en buenos y malos por razón de sus ideas, no respeta el pluralismo cultural y lingüístico y, en definitiva, pretende esconder la Cataluña real constituyendo una artificiosa Cataluña oficial. La escasa participación de los ciudadanos en las elecciones al Parlamento de Cataluña pone de manifiesto la exclusión social y cultural que comporta esta política, y que beneficia claramente a unos partidos políticos y a unos sectores sociales muy determinados.
II
Ante esta situación, creemos que hace falta un nuevo modelo de sociedad y de comunidad política que se vertebre sobre cuatro ejes fundamentales:
1. Ciudadanía
En un Estado democrático de Derecho, el ciudadano es el sujeto de la vida política. Como tal ciudadano, goza de igualdad de derechos y deberes, y participa, a través de una diversidad de canales, en el Estado y en la sociedad, con el objeto de sentirse autoobligado por las leyes democráticas. Ni la historia, ni la lengua, ni la cultura, ni la etnia, ni el territorio, pueden ser transformados en sujetos sociales, ya que limitarían la libertad de los ciudadanos y los convertirían en objetos subordinados. Al contrario, los ciudadanos, únicos soberanos, son los que han de decidir cuál debe ser la organización social, cultural y política que libremente escojan.
Por tanto, Cataluña no es más que el conjunto de sus ciudadanos. Lo que hacen los nacionalistas, que se consideran guardianes de las esencias de la patria, es convertir unos rasgos identitarios, por definición cambiantes, en una ideología fosilizada al servicio de un determinado control social. La identidad sólo se puede predicar de las personas individuales, y en su caso, más allá de las visiones estereotipadas, deberíamos hablar de la identidad real de un país como el resultado del libre ejercicio de la actividad humana en un momento determinado de la historia
Cuando el nacionalismo convierte una pretendida identidad colectiva en limitadora de los derechos individuales de los ciudadanos, con el propósito de crear una falsa solidaridad social, está contraviniendo los principios de libertad y de igualdad que legitiman toda democracia. Sólo una Cataluña de ciudadanos puede ser realmente democrática.
2. Pluralismo
La ideología nacionalista es democráticamente legítima como opción personal y social. Es una exigencia democrática del ordenamiento constitucional vigente proteger la libertad de ideas y creencias de los individuos y la pluralidad de partidos y de asociaciones con ideologías diferentes. No es legítimo, en cambio, convertir el nacionalismo en la ideología oficial de un país o de unas instituciones políticas. Por lo tanto, en una sociedad plural como la nuestra, no puede existir respecto de ninguna materia una única ideología, creencia, partido o asociación.
Por otro lado, si bien los sentimientos de pertenencia a un grupo social, cultural o ideológico son también legítimos, como es obvio, no lo es condicionar en su nombre la actuación de los poderes públicos, ni introducir desigualdades en los derechos de los ciudadanos. En consecuencia, hay que crear condiciones iguales para que todas las personas puedan integrarse a los grupos sociales, culturales e ideológicos que libremente prefieran. Sólo así, mas allá de la Cataluña culturalmente homogénea que pretende el nacionalismo, podrá expresarse la Cataluña plural y cambiante, la Cataluña realmente existente. Sin esa obsesión por unas raíces comunes y un destino unitario, la cultura catalana oficial será finalmente lo que siempre ha sido la cultural catalana real: el conjunto de hechos culturales producidos en Cataluña.
3. Bilingüismo
La política sobre la lengua ha de ser la expresión de la realidad lingüística existente en una sociedad determinada. Este es el primer principio de toda política lingüística. El Estatuto de Cataluña, cuando reconoce el catalán y el castellano como lenguas oficiales, no hace más que ser coherente con este principio. En efecto, la sociedad catalana es socialmente bilingüe, y esto significa que las dos lenguas oficiales son utilizadas como instrumentos habituales de comunicación de los ciudadanos de Cataluña.
El segundo principio de la política lingüística es el de libre opción de lengua, según el cual cada individuo tiene total libertad para escoger qué lengua quiere utilizar en sus relaciones con el resto de individuos y con los poderes públicos.
El tercer gran principio establece que toda lengua minoritaria -y el catalán, obviamente, lo es- ha de recibir un trato especial, consistente en medidas de protección y fomento de sus expresiones culturales. El límite de esas medidas ha de ser el derecho a la libre opción lingüística de los individuos. En el caso de Cataluña, lo que hay que proteger muy especialmente es el bilingüismo, el auténtico hecho diferencial de nuestro país.
Estos principios hacen necesaria una nueva política lingüística basada en el bilingüismo, especialmente urgente en el campo de la educación. En efecto, hay que desarrollar una nueva educación culturalmente bilingüe consistente en que las dos lenguas oficiales sean las lenguas vehiculares a lo largo de todos los ciclos de la enseñanza obligatoria, tanto en actividades docentes como no docentes, y sin separación de los alumnos en aulas diferentes por razón de lengua.
4. Federalismo
El federalismo defiende que el poder del Estado debe repartirse de forma plural entre las instituciones centrales, los territorios federados (estados, länder, regiones, comunidades autónomas) y los entes locales (municipio, comarcas, condados, provincias). Los independentismos y soberanismos lo único que pretenden es repetir a escala reducida el modelo ya superado de los Estados centralistas nacionales. En cambio, el Estado federal, gracias a la distribución territorial del uso del poder político, realiza mejor la igualdad jurídica de todos los territorios, garantiza una mayor participación popular en el ejercicio del poder político y procura un control democrático más directo de todos los poderes.
El Estado de las Autonomías es una de las muchas formas que puede adoptar el Estado federal. El reparto territorial del poder político que ha supuesto la España autonomica es una experiencia histórica enormemente positiva que ha permitido reflejar el pluralismo de la sociedad española y ha reforzado la solidaridad de todos sus ciudadanos. Así pues, el Estado, las comunidades autónomas y también los municipios -los grandes postergados de hoy- tienen que ser los protagonistas de este reparto territorial del poder que ha de inspirarse en los principios de pluralismo, proximidad al poder, eficacia y solidaridad interterritorial.
Los firmantes de este documento hacemos públicas estas reflexiones en un momento en que la sociedad catalana comienza a reaccionar contra las ideas dominantes en los últimos dieciocho años. Creemos, pues, que hay motivos par el optimismo. Por lo tanto, animamos a todos los ciudadanos y ciudadanas, todas las asociaciones, partidos y sindicatos, a que expresen su opinión sobre estos temas sin inhibiciones ni temores, ya que estamos convencidos de que solamente después de un debate abierto y un diálogo amplio podrá la sociedad catalana superar la pobre situación actual y contribuir, con todas sus energías, a la construcción de una sociedad más libre e igualitaria.
Junio de 1998
Segundo Manifiesto del Foro Babel en catalán
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