Por Aurelio Arteta
Comenzaré por dejar caer una reflexión de partida a propósito de un notorio prejuicio que ha operado no sólo entre los más firmes partidarios de las políticas normalizadoras, sino entre las gentes del común, y que ha contribuido lo suyo a desentenderse del problema hasta alcanzar las colosales magnitudes que hoy ha cobrado. Me refiero a la cándida (o no tanto) trampa en que se ha caído a menudo cada vez que el análisis político tomaba como punto de referencia la situación criminal del País Vasco. El engaño consiste en que, igual que en Euskadi lo único o lo que más importaba era acabar con el terrorismo y la política lingüística (entre otras) pasaba de puntillas, en Cataluña y en Galicia esta política apenas era objeto de debate crítico porque no venía respaldada ni rodeada por la amenaza terrorista. En suma, allí cuestionar el derecho a la normalización carecía de sentido u oportunidad mientras se matara (y, en alguna medida, también como precio para dejar de matar), y acá precisamente porque no se mataba. De suerte que en uno y otro sitio ilegítimo era sólo el acto criminal; legítimo y democrático, al contrario, todo lo que discurriera por cauces pacíficos, incluidas las mayores aberraciones.
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