Para garantizar los derechos de todos.
MADRID.- Una magistrada que fue decana de los Juzgados de Esplugues de Llobregat se enfrenta a una investigación disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por haber pedido al Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña que acompañara la traducción al castellano de un cartel que reproducía exclusivamente en catalán la Carta de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas en el ámbito de la Justicia.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), María Eugenia Alegret, ha enviado al CGPJ un acuerdo de la Sala de Gobierno en el que se sugiere que la juez puede haber cometido una falta grave. Alegret incoó un expediente sobre el asunto después de recibir un escrito que le envió la Generalitat "para su conocimiento y efectos pertinentes". El CGPJ ha iniciado una "información previa", consistente en una investigación de los hechos antes de decidir si actúa disciplinariamente contra la magistrada.
El conflicto arranca del pasado marzo, cuando María Sol López, decana de los Juzgados de Esplugues de Llobregat, envió al Departamento de Justicia de la Generalitat un escrito en el que explicaba que habían aparecido colocados en las dependencias judiciales tres carteles redactados en catalán y publicados por la Generalitat y por la Asociación de Juristas en Defensa de la Lengua Propia "advirtiendo, parece ser, de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas en el ámbito de la Justicia".
"Independientemente de que en este partido judicial hemos sido muy respetuosos con el idioma catalán propio de la comunidad autónoma en la que venimos trabajando, se rogaría a los que suscriben los referidos documentos que acompañaran su traducción al castellano para así garantizar los derechos de todos, los ciudadanos y no sólo de aquellos que conocen el idioma catalán", indicaba.
La magistrada recordaba que en los Juzgados de Esplugues comparecen ciudadanos de diversas partes del mundo debido al gran volumen de inmigrantes que residen en ese partido judicial, y consideraba que "únicamente se están protegiendo los derechos lingüísticos de ciudadanos y ciudadanas conocedores del idioma catalán, vulnerándose los derechos de los demás ciudadanos".
La juez decana solicitaba "amablemente" que se remitieran los mismos carteles en castellano "para así garantizar los derechos de todos los ciudadanos"; y añadía que, de no hacerse así, se retirarían las láminas en catalán.
La contestación
El Departamento de Justicia de la Generalitat contestó el 12 de abril, un día después de que el BOE publicara el traslado de María Sol López, a petición propia, desde Cataluña a un Juzgado de Galicia. Para obtener su nuevo destino le fue valorado como mérito su conocimiento del idioma y del Derecho propio gallego.
En su respuesta, el Departamento de Justicia recordaba a la juez que la Generalitat tiene competencias en materia de provisión de medios materiales y económicos en el ámbito de la administración de Justicia y le comunicaba que, de acuerdo con esas competencias, no consideraba procedente la retirada de los carteles, que, de hecho, permanecieron colocados en la sede de los Juzgados.
Paralelamente, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat, Nuria Cleries, remitió el dossier del asunto a Alegret "a los efectos pertinentes".
La Sala de Gobierno del TSJC decidió enviar el caso al Consejo General del Poder Judicial "por si hubiere lugar a incoar expediente disciplinario a la magistrada juez por la presunta comisión de una falta grave por su actuación como decana de los Juzgados de Esplugues de Llobregat".
El Mundo
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