15 de octubre de 2005

Xavier Pericay. Canallas


«El problema ya no es la aplicación de una ley que ha permitido convertir el catalán en la única lengua de la enseñanza; el problema es la necesaria expansión de esta ley fuera incluso de los dominios que se supone que le son propios»

Me van a perdonar que insista: son unos canallas. Hace quince días les contaba el caso de una familia castellanohablante cuyos hijos, sordomudos, estaban siendo escolarizados en catalán en una escuela pública del Baix Llobregat, a pesar de las quejas de sus padres, sabedores de que estos niños sólo podrán progresar en el campo de la comunicación si en clase se les habla en el mismo idioma que en casa.

También les indicaba entonces que ni siquiera los logopedas enviados expresamente por la Generalitat para asistir a estas criaturas se dignaban a hablarles en castellano. Pues bien, lo que podía haber sido una excepción, triste y miserable, pero una excepción al cabo, debe de ser la norma. Y es que el pasado domingo, en la sección donde la edición catalana del diario «El País» concentra la opinión del lector, aparecía una carta de una madre belga denunciando un caso calcado: el de su hija sorda, a la que la Generalitat no ofrece más que clases de logopedia en catalán, a pesar de que la lengua familiar de la niña es el castellano. Ante semejante despropósito -la Administración ha sugerido a la familia que se ponga a hablar catalán en casa, dado que la niña no puede aprender más que un idioma- la madre termina su carta preguntándose: «¿A quién se puede acudir?»

Me temo que a nadie, señora. Basta leer el contenido de la carta que el Síndic de Greuges mandó al Defensor del Pueblo después de que este hubiera solicitado al Ministerio de Educación que la futura Ley Orgánica de Educación garantice el derecho a la libertad de opción lingüística en las aulas. Decía el Síndic Ribó, y lo ratificaba con su firma, que la ley de política lingüística, al tiempo que pretende «ayudar a normalizar la lengua propia de Cataluña», «garantiza el respeto escrupuloso a los derechos lingüísticos de todo el mundo». Ya ve, señora, a qué llama respeto escrupuloso alguien cuyo principal cometido es defender a los ciudadanos de Cataluña de cuantos agravios se les puedan causar. Y a qué llama derechos lingüísticos.

Pero es que esta misma semana, Josep Vallcorba, subdirector de Lengua y Cohesión Social del Departamento de Educación de la Generalitat -es decir, alguien que, por su cargo, debería ser especialmente sensible a las prácticas de esos logopedas-, declaraba a Europa Press que su departamento está ultimando la redacción de un decreto para reforzar la presencia del catalán en las aulas. Según el subdirector, aún quedan focos de resistencia en el sistema educativo, escuelas e institutos donde se sigue usando el castellano en clase, y esto no puede ser. Como no puede ser -insiste Vallcorba- que algunos alumnos acaben la secundaria y no dominen el catalán. Sobre el dominio que estos u otros alumnos tienen del castellano nada dice el subdirector, por supuesto. Al fin y al cabo, el castellano no es la lengua de la escuela.

Y, aunque el decreto no se hará público hasta dentro de un par de meses, y no se aplicará hasta el próximo curso, sus líneas maestras parecen bien definidas. En unas jornadas sobre inmersión lingüística celebradas en Barcelona en noviembre de 2004, el propio Vallcorba ya había dado una pista certera sobre las intenciones de su departamento: «No basta con que toda la enseñanza se haga en catalán: debemos recuperar el patio, el pasillo, el entorno». O sea, el problema ya no es la aplicación de una ley que ha permitido -con los votos de todas las fuerzas parlamentarias catalanas, excepto ERC y PP- convertir el catalán en la única lengua de la enseñanza; el problema es la necesaria expansión de esta ley fuera incluso de los dominios que se supone que le son propios. El patio, el pasillo, el entorno.

Paso a paso, pues, hasta dejar atrás el ámbito de lo público y meterse de lleno en la esfera privada de cada cual. En este sentido, nada hay tan ejemplar como la solución dada por el departamento de Educación al caso de estas criaturas sordomudas: como el castellano está prohibido en la escuela y el niño o la niña no pueden aprender más que un idioma, que la familia se ponga a hablar catalán en casa.

Sí, paso a paso. Y sin que nadie les pare.


ABC (edición Cataluña).



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