27 de noviembre de 2005

Escalada de denuncias, inspecciones y multas por no utilizar el catalán



Cataluña dispone de cinco Oficinas de Garantías Lingüísticas para que se denuncie a los establecimientos que no usan este idioma

La actividad de inspección creció un 400% el año pasado

La campaña del tripartito dispara las quejas recibidas por la Agencia Catalana de Consumo y las Oficinas de Garantías Lingüísticas, mientras las inspecciones aumentan un 400% - Sólo en el primer semestre de este año se han recibido 928 denuncias anónimas. Ya se han recaudado 81.250 euros en multas, con otros 94.950 euros en fase de resolución - Pese a la obligatoriedad de rotular y atender en catalán, según el Instituto Catalán de Estadística, 2,9 millones de catalanes tienen como primera lengua el castellano y sólo 2,2 el catalán

LEONOR MAYOR

BARCELONA.- Desde su llegada al poder en diciembre del año 2003, el tripartito catalán ha intensificado las actuaciones para lograr que la Ley de Política Lingüística se respete.


Así, en el último año, las denuncias anónimas de particulares contra empresas que no usan el catalán se han disparado. Las inspecciones a establecimientos han crecido un 400% y por sanciones del incumplimiento de la ley se han recaudado 81.250 euros. Otros 94.950 euros están en fase de resolución.

«Las empresas y las instituciones tienen entre sus objetivos la mejora del servicio y es muy importante que tomen conciencia de que en Cataluña el uso del catalán es un elemento imprescindible para ofrecer un servicio de calidad». Esta filosofía inspiró la Ley de Política Lingüística dictada por Jordi Pujol en enero de 1998.

Y, ahora, sirve de fundamento a la Agencia Catalana de Consumo para invitar a los ciudadanos a denunciar a las empresas que incumplen esa normativa -por no atender a los clientes en catalán o no disponer de rótulos o información en este idioma- y a sancionar ese incumplimiento con multas.

«Las denuncias que han llegado a la Agencia por vulneración de la normativa lingüística han aumentado de forma muy considerable, hecho que denuesta una creciente sensibilización de los ciudadanos», indica este organismo, dependiente del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo, que dirige el republicano Josep Huguet.

Para facilitar la interposición de estas quejas, la Generalitat no cuenta sólo con la Agencia, también ha puesto en marcha las llamadas Oficinas de Garantías Lingüísticas, que reciben las denuncias «por teléfono, por correo electrónico, por fax, por escrito y personalmente» y «garantizan la confidencialidad».

Actualmente, existen cinco oficinas en Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Tortosa, que se inauguraron el pasado mes de febrero.Sin embargo, la mayoría de las denuncias se concentran en la capital catalana.

Consumo y estas oficinas han recibido conjuntamente 928 reclamaciones en los seis primeros meses de este año. Esta cifra supera al total de las presentadas en el conjunto del año pasado: 797.Las denuncias presentadas hasta junio doblan el número de quejas que se interpusieron en años anteriores. En 2002, la Generalitat recibió 505 reclamaciones y en 2003 la cifra se elevó a 783.

La presentación de este tipo de reclamaciones tiene consecuencias administrativas. Al recibirlas, la Generalitat pone en marcha a su servicio de inspección y, si lo considera oportuno, abre el correspondiente expediente sancionador que puede culminar con una multa.

Además, Consumo también realiza inspecciones por su cuenta con campañas dirigidas a controlar el correcto uso de la normativa lingüística en diversos sectores económicos. Entre los años 2002 y abril de 2005, la consejería -que cuenta con 40 inspectores dedicados a controlar las buenas prácticas lingüísticas- ha iniciado 1.753 procedimientos inspectores a través de estas campañas y otros 457 a raíz de las denuncias de los ciudadanos, lo que suma un total de 2.210.

La actividad de este cuerpo de inspección se ha incrementado de forma considerable en el último año. En 2003, se realizaron 241 actuaciones y en 2004, 1.102 con un alza del 400%. En el primer trimestre de este ejercicio ya se han puesto en marcha 284 inspecciones.

Tras detectar irregularidades mediante las actuaciones inspectoras, la Generalitat ha incoado 297 expedientes sancionadores. Por el momento ha resuelto 60, que se traducen en sanciones por valor de 81.250 euros. Otros 90 están en fase de resolución y reportarán a las arcas de la administración catalana otros 94.950 euros en concepto de multas.

Pero, ¿cuáles son las actividades que pueden ser objeto de estas denuncias y de las posteriores sanciones? La mitad de las reclamaciones se refiere a establecimientos que no tienen «señalización y rotulación» en catalán. Otro 44% se interpone por «carencias en la documentación y las hojas informativas que se suministran a los comercios» y por «establecimientos que no disponen de ejemplares en catalán».Sería el caso, por ejemplo, de restaurantes que no tienen las cartas en este idioma.

El 5% restante reclama porque el personal de tiendas, bares o restaurantes no le ha atendido en catalán, pero estas conductas «no son sancionables» y sólo se pueden tramitar «como una queja».En la web de Consumo, junto con los impresos de queja o denuncia, se adjunta un ejemplo de un caso denunciable.

«Haré un viaje con la agencia Rueda por el Mundo, he pedido el contacto de servicios en catalán, pero no tienen ningún ejemplar.Considero que no se respetan mis derechos como consumidor y quiero hacer una denuncia que conduzca a la aplicación de sanciones, si se demuestra que se vulneran mis derechos», reza el ejemplo.

La respuesta de la Generalitat consignada en esta web indica: «Efectivamente, tiene derecho a disponer del contacto en catalán.Rellene el impreso de queja o denuncia en papel, haga las copias y tramítelo».

Uno de los casos más sonados de denuncia, inspección y posterior sanción fue el de Correos, tramitado en 2004. Esta compañía fue sancionada con una multa de 30.000 euros a raíz de la denuncia de 70 ciudadanos, pertenecientes a un mismo colectivo. La inspección detectó que «muchas oficinas de Correos disponían de carteles y rótulos sólo en castellano» cuando la ley obliga a que estén al menos en catalán. «También constató que muchos formularios, folletos, impresos, resguardos y facturas no estaban en catalán, pero en cambio había documentación en castellano y francés».

Según los datos del Instituto de Estadística Catalán, Idescat, de un total de 5,4 millones de catalanes, 2,2 millones tienen como primera lengua el catalán, otros 2,9 millones el castellano y 152.000 personas ambas lenguas.

El Mundo

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