Asociación por la Tolerancia lleva las Oficinas de Garantías Lingüísticas ante el Defensor del Pueblo - Esquerra Republicana dice que hay más multas porque ha aumentado «la conciencia social»
LEONOR MAYOR
BARCELONA.- El PP catalán ha presentado una pregunta parlamentaria para saber cómo actúa el cuerpo de inspección lingüística de la Generalitat tras recibir la denuncia de un comerciante que asegura que una empresa subcontratada por Consumo inspeccionó su local.
Este empresario acudió al PP después de que una inspectora le preguntara por el idioma que usa en su negocio. Tras revisar los carteles del establecimiento y comprobar si los rótulos en castellano eran más o menos grandes que los escritos en catalán, la inspectora afirmó que pertenecía a una empresa subcontratada por la Generalitat.
El portavoz del PP, Daniel Sirena, explica que su partido ha recibido muchas otras llamadas relacionadas con los expedientes sancionadores y con las amenazas de multa que realiza el cuerpo de inspectores de Consumo por motivos lingüísticos. Ante estas denuncias, el PP interpuso hace 10 días una pregunta parlamentaria, que aún no ha tenido respuesta.
El Departament de Comerç, Consum i Turisme, que dirige el republicano Josep Huguet, cuenta con un cuerpo de cerca de 40 inspectores encargados de controlar el cumplimiento de la Ley de Política Lingüística. Este organismo ha incrementado su actividad un 400% en el último año.
La conselleria asegura que parte de estos inspectores son propios y reconoce que el resto son técnicos habilitados gracias a convenios con los Consell Comarcals a quienes se otorgan las mismas competencias inspectoras para ampliar la plantilla.
Además, Consumo y la Diputación de Barcelona han puesto en marcha un plan piloto para enseñar las tareas de inspección a empleados municipales y ampliar así el número de técnicos dedicados a estas tareas. Estos empleados -que serán formados por Consumo y pagados por la Diputación- sólo podrán actuar en su municipio.
Algunas asociaciones catalanas han reaccionado ante el incremento de la actividad inspeccionadora y sancionadora en materia lingüística y la creación de las Oficinas de Garantías Lingüísticas, que permiten a los ciudadanos denunciar de forma anónima a los comerciantes que no usan el catalán.
La Asociación por la Tolerancia ha iniciado una campaña contra estas oficinas de «delación» y ha presentado una reclamación ante el Defensor del Pueblo, Enrique Mújica, tras recoger 5.000 firmas, según explica uno de sus representantes, José Domingo.
Esta entidad recuerda que la Ley de Política Lingüística, dictada por Jordi Pujol en 1998, fue aprobada con el apoyo del PSC porque no contemplaba la imposición de sanciones. Domingo considera «triste» que siete años después y «gracias al Pacto del Tinell» la Política Lingüística de la Generalitat haya ido a parar a manos de ERC, que ha impulsado la aplicación de multas.
Sirera rememora también que cuando se aprobó la ley su partido fue acusado de «exagerar» al vaticinar que la aplicación de la norma conduciría a la imposición de sanciones.
Mientras, otra plataforma, Convivencia Cívica Catalana, ha denunciado la existencia de «estas oficinas atroces» que considera «inaceptables en un sistema democrático» y ofrece asistencia jurídica a los comerciantes que sean multados por usar el castellano en sus negocios.
CiU y ERC presentan la otra cara de la moneda en esta polémica.La portavoz de ERC, Marina Llansana, dijo ayer que «ha aumentado la conciencia social», después de que este diario publicase que las denuncias anónimas, las inspecciones y las multas por no usar el catalán se han disparado. Y añadió que este incremento es «una buena noticia»
La diputada de CiU Carme-Laura Gil señaló que este tipo de denuncias anónimas no tienen otro objetivo que «defender el derecho del consumidor a ser atendido en su propia lengua».
El Mundo
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