Un informe del Consell Social de la Llengua califica de «medida muy acertada» la creación de estos organismos
L. M.
BARCELONA.- La Generalitat considera que las Oficinas de Garantías Lingüísticas -que se crearon en el mes de febrero para recopilar las denuncias anónimas contra los comercios e instituciones que no utilizan debidamente el catalán- son «una medida muy acertada» y recomienda incrementar su capacidad de acción.
Así se desprende del informe Dictamen de evaluación de las actuaciones de política lingüística del año 2004, elaborado por el Consell Social de la Llengua y presentado ayer por el secretario de Política Lingüística de la Generalitat, Miquel Pueyo.
Por el momento, en Cataluña existen cinco de estas oficinas, en Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Tortosa. Estas entidades, que «garantizan la confidencialidad», se encargan de recoger las denuncias de los ciudadanos que detectan en comercios, restaurantes o instituciones la falta de letreros, rótulos, menús o cualquier tipo de comunicación en lengua catalana.
Hasta junio, la Generalitat -a través de estas oficinas y de la Agencia Catalana del Consumo- ha recibido 928 reclamaciones.Estas denuncias pueden concluir en una sanción. La Generalitat ya ha recaudado 81.250 euros en concepto de multas impuestas por no usar el catalán. Además, todavía hay expedientes en fase de resolución por un importe total de 94.950 euros.
El Consell Social de la Llengua -un órgano asesor y de consulta presidido por Pasqual Maragall y vicepresidido por Josep Bargalló y Miquel Pueyo- cuenta entre sus funciones con la de evaluar los «objetivos y los resultados de la política lingüística del Govern».
La evaluación, que fue hecha pública ayer, sugiere «la conveniencia de incrementar la capacidad de acción de estas oficinas (con nuevas ubicaciones distribuidas territorialmente y con sistemas en línea, fácilmente accesibles desde cualquier punto del territorio».
Además, el dictamen aboga por incrementar las funciones de estas entidades para que «su función no sea meramente receptiva». Así, recomienda que las Oficinas de Garantías Lingüísticas tengan capacidad para «analizar el respeto de los derechos lingüísticos en ámbitos determinados» y para «emitir informes públicos al respecto».
El informe de política lingüística analiza también cuál es el grado de conocimiento del catalán en diversos ámbitos sociales y evalúa los resultados de los diversos planes puestos en marcha por la Administración catalana el año pasado para impulsar el conocimiento del idioma.
Por ejemplo, entre un 80% y un 90% de los empleados públicos en Cataluña tiene «conocimientos adecuados de catalán». El uso de este idioma entre los funcionarios arroja porcentajes similares, excepto en la Administración del Estado en esta comunidad, donde sólo el 33,9% de los trabajadores lo utiliza.
El uso del catalán también es elevado en los hospitales. Un 76% del personal sanitario tiene conocimiento de esta lengua en Barcelona.El porcentaje se incrementa hasta el 82% en los centros sanitarios del resto de esta comunidad.
En cambio, en el ámbito de la justicia, el uso del catalán está mucho menos extendido. Sólo el 59% de los empleados de esta administración se maneja correctamente en esta lengua. Y sólo el 21% de las sentencias se dictó en catalán el año pasado.
En otros sectores, como el de los supermercados, la presencia del catalán ha descendido. Según el informe, en este tipo de establecimientos «el uso del castellano ha aumentado» entre los años 2000 y 2004 de tal modo que, ahora, el 36,4% de sus empleados sólo habla español, frente al 27,5% registrado en 2000.
El Mundo
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