La Administración catalana ingresa más de 122.000 euros por las sanciones impuestas - Un 4% de los comercios desoye los requerimientos y Correos acumula una de cada cuatro multas
DANI CORDERO
BARCELONA.- La Ley de Política Lingüística aprobada en 1998 por la Generalitat ya funciona a pleno rendimiento. El Gobierno catalán impuso el año pasado 119 multas a establecimientos comerciales a través de su Consejería de Comercio, Turismo y Consumo por no rotular «al menos en catalán», como exige la normativa. Esa cifra representa multiplicar por cinco las sanciones de 2004 (se impusieron 22 multas). Por su parte, el importe ingresado por el Departamento controlado por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ingresó por ese concepto 122.050 euros, casi el triple que un año antes (46.300 euros).
El responsable del Departamento, Josep Huguet, explicó ayer el incremento de las sanciones por un aumento de la actividad sancionadora de la Generalitat, a través de su Agencia Catalana del Consumo. De hecho, el organismo efectuó un total de 3.632 inspecciones a comercios y establecimientos comerciales durante 2005. Una gran parte de éstos, hasta el 95,6% del total, rectificaron su incumplimiento de la normativa lingüística antes de que la Generalitat les abriera el expediente sancionador. Tan sólo un 4,4% evitó las recomendaciones de la Consejería y mantuvo inamovible su política en rotulación externa, trípticos informativos y carteles internos.
Sector minorista
Correos es la principal perseguida de los controles de la Generalitat. Una de cada cuatro sanciones impuestas desde que entrara en vigor la ley para las empresas, en 2003, ha recaído sobre la empresa pública, que ha visto cómo se le inspeccionaban unas 70 oficinas en los últimos tres años. Asimismo, el sector minorista aglutina el 36,8% de las sanciones, seguido por las empresas de servicios.
La actuación de la Agencia Catalana de Consumo responde básicamente a las denuncias efectuadas por los propios ciudadanos, aunque la detección de incumplimientos también se produjo a partir de un conjunto de 23 campañas de control llevadas a cabo de oficio por la Consejería en diferentes ámbitos económicos.
Las denuncias efectuadas por ciudadanos se han duplicado en el último año. De las 383 presentadas durante el año 2004 se pasó a las 765 de 2005. La gran mayoría fue atendida por los inspectores de la Generalitat.
El consejero Huguet quiso subrayar ayer el escaso peso de las sanciones en materia lingüística en el conjunto de las multas impuestas por la Generalitat. La Consejería de Comercio detectó por motivos diversos 10.126 infracciones el año pasado y sancionó en 722 casos. De éstos, un 16% corresponde a multas por no usar el catalán, si bien respecto al importe de las multas ese porcentaje se reduce al 5,37%: 122.050 euros del total de los 2,2 millones sancionados.
El Mundo
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