Pide una «presencia suficiente» en los colegios y ERC lo tacha de «cómplice de la catalanofobia»
El Defensor del Pueblo ha trasladado al Ministerio de Educación su preocupación con la «progresiva minoración» de las «libertades y derechos lingüísticos» de quienes optan por el uso del castellano en el ámbito educativo de comunidades como Cataluña, según consta en el informe de esta institución correspondiente al pasado año y enviado el miércoles al Congreso de los Diputados.
El Defensor del Pueblo recoge que las quejas más frecuentes que ha recibido en torno a este asunto se centran en el ámbito educativo. Por ello, se ha dirigido a la ministra Mercedes Cabrera para sugerirle que valore la posibilidad de incorporar al proyecto de ley remitido a las Cortes las garantías «de una presencia adecuada y suficiente de la lengua castellana en los planes de estudio», informa Europa Press.
Asimismo, aboga por reconocer de forma expresa el derecho de los alumnos a recibir, «sin cortapisas de ningún tipo», la primera enseñanza en la lengua de su libre elección, así como el derecho de que la educación les sea impartida, en todo caso, «en una lengua en la que puedan comprender y asumir los contenidos».
Al margen, apunta la posibilidad de que se contemple el derecho de los alumnos a que, en determinadas circunstancias personales o sociales, se facilite el aprendizaje de la lengua cooficial y a que se les apoye cuando se incorporen tardíamente al sistema educativo de una comunidad autónoma con lengua cooficial propia.
En particular, se refiere a Cataluña, y señala que han recibido un «número considerable de quejas» que cuestionan el hecho de que la Administración educativa catalana no informe «adecuadamente», según los reclamantes, a los padres de los alumnos del derecho de sus hijos a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, sea ésta castellano o catalán.
Los interesados han señalado en sus quejas que esta información se omite a lo largo del proceso de admisión y matriculación de los alumnos en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. El Departamento Catalán de Educación justifica este hecho con el argumento de la discrecionalidad que les asiste para aplicar la ley. El Defensor del Pueblo alega, por su parte, que, sin cuestionar esta discrecionalidad, sí debería tomar las medidas oportunas para que los derechos lingüísticos de los alumnos puedan ser ejercidos eficazmente.
Medio millar de quejas
El informe de 2005 de esta institución alude también a 550 quejas presentadas en las que se critica la creación, en ciudades como Barcelona, Girona y Tarragona, de las oficinas de Garantías Lingüísticas destinadas a facilitar las denuncias contra los establecimientos que no anuncien sus rótulos en lengua catalana o que carezcan de personal que atienda en esta lengua. Por dicho motivo, el Defensor del Pueblo se dirigió a la consejera de Comercio de la Generalitat, de la que no ha obtenido respuesta. Por último, recomienda al Departamento Catalán de Salud que remitan las comunicaciones en lengua castellana a los usuarios que así lo soliciten.
Tras conocer estas sugerencias, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, acusó al defensor del Pueblo, Enrique Múgica, de haberse convertido en «cómplice activo», con sus «falsedades», de la «campaña de catalanofobia desatada por la derecha extrema» contra el nuevo Estatuto catalán.
El Mundo
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