El destino de la Secretaría de Política Lingüística de la Generalitat ha sido uno de los puntos más polémicos de las negociaciones para la reedición del tripartito
El destino de la Secretaría de Política Lingüística de la Generalitat ha sido uno de los puntos más polémicos de las negociaciones para la reedición del tripartito catalán. Y, sin embargo, los departamentos responsables de la política de sanciones sobre comercios y empresas por la lengua quedaron en manos de Esquerra prácticamente desde que se decidió la reedición del tripartito.
El nuevo presidente catalán, José Montilla, consciente del coste que las políticas identitarias de los últimos tres años han tenido en su electorado, intentó evitar hasta el último momento que la delicada Secretaría de Política Lingüística cayera en manos de ERC, pero finalmente es el líder de la formación republicana, Josep Lluís Carod-Rovira, quien gestiona este departamento -aunque tanto su titular directo, Miquel Pueyo, como sus grandes líneas políticas han sido consensuados con el PSC-.
Sin embargo, fuentes republicanas apuntaban ya durante las negociaciones que, independientemente de quien dirija la Secretaría, la principal fuente de sanciones del primer gobierno tripartito ha partido de la Consejería de Comercio, Consumo y Turismo, dirigida entonces, y ahora de nuevo, por el republicano Josep Huguet.
Celo sancionador
A Huguet se debe el celo sancionador tanto de los inspectores de comercio como de la Agencia Catalana de Consumo (ACC) especialmente en el ámbito de la rotulación de los comercios. Y ahora, el consejero más sensible con la batalla de la lengua ha recibido en premio el Departamento de Industria, que en la pasada legislatura estaba en manos de los socialistas, por lo que la polémica podría recrudecerse esta vez a cuenta del etiquetado en catalán de los productos elaborados en esta comunidad.
Huguet ha «perdido», sin embargo, el control sobre la ACC, que ha pasado a depender de la Consejería de Economía, dirigida por el socialista Antoni Castells, que en la práctica ha sido la entidad más sancionadora de la Generalitat en los tres primeros años de gobierno tripartito.
La potestad de imponer sanciones por no rotular en «al menos en catalán» data de la Ley de política lingüística aprobada en 1998 bajo impulso de CiU. Los nacionalistas nunca hicieron uso de esa posibilidad, aunque bien es cierto que el periodo de cinco años de cadencia que los diversos decretos de desarrollo de la ley establecían para la adaptación de empresas y comercios acababa precisamente en 2003, cuando llegó al poder Pasqual Maragall.
212.450 euros recaudados
El tripartito recaudó, en su primer mandato, un total de 212.450 euros en concepto de sanciones por la aplicación de la Ley de Política Lingüística. La norma se está aplicando desde la llegada del tripartito al pie de la letra, hasta el punto de que se ha sancionado con 1.800 euros a comercios -desde tintorerías hasta supers- por usar tickets en castellano o con 1.200 euros por tener en este idioma el cartel de «prohibido fumar».
Así, sólo en el 2005, se sancionó a 119 comercios por este concepto con unos ingresos de más de 122.000 euros. Además, se han impuesto sanciones por entregar presupuestos, facturas, información y documentación exclusivamente en castellano de hasta 850 euros.
Pese a la creación de las Oficinas de garantías lingüísticas, destinadas a recoger las denuncias por incumplimientos de la Ley del catalán, ha sido la Agencia Catalana de Consumo la que ha impuesto un mayor número de sanciones.
Desde 2003, la ACC ha realizado 3.632 inspecciones por infracciones de la ley del catalán, «aunque sólo han sido sancionados 143 establecimientos». El total recaudado a través de estas multas es de 169.550 euros, lo que supone el 4% de los 4,2 millones de euros que el departamento ha cobrado con las multas impuestas por incumplimiento de las normativas de consumo.
Multas desorbitadas a Correos
Correos acumula más de la cuarta parte de las 143 sanciones impuestas por la Agencia. La entidad suma el 26,54% de las sanciones, sólo superada por los establecimientos minoristas (36,86%) y seguida de cerca por el sector de servicios (24,44%). Las multas hacen referencia sobre todo a la inexistencia de rotulación y señalización en catalán. La Generalitat ya sancionó en 2004 a Correos con una multa de 30.000 euros, la más elevada impuesta en concepto de infracción de las leyes de política lingüística, por carecer de carteles impresos y formularios en catalán
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