El anuncio del conseller de cultura, el republicano Joan Manuel Tresserras, de que la mitad de las películas que se distribuyan en los cines de Cataluña tendrán que estar dobladas al catalán, no ha sentado nada bien a los exhibidores de esta comunidad.
Tresserras pretende que exista un “auténtico equilibrio entre el castellano y el catalán” en las salas y está dispuesto a cualquier medida para lograrlo. Una de ellas será obligar a las distribuidoras a correr con los gastos del doblaje, aunque parte del coste lo asumirá su Consejería. Otra medida que piensa poner en marcha es aplicar un impuesto sobre el doblaje, que recaudaría directamente en el precio de las entradas de las películas dobladas. Con esto, prevé incentivar las películas en versión original subtitulada. Y la más polémica: que la mitad de la salas proyecten películas dobladas en catalán.
Estas medidas, que serán aprobadas con toda seguridad en el Parlamento catalán el próximo verano, no cuentan con el apoyo de los empresarios del sector. La gerente del Gremio de Empresarios de Cines en Cataluña, Pilar Sierra, aseguró a El Confidencial que “la Generalitat se tendría que ocupar de temas más importantes, como la piratería”, acentuando así el mal momento que está atravesando el sector cinematográfico que hace más de cuatro años que no levanta cabeza. Según Sierra, “no se puede hacer política con una empresa privada. Nosotros estamos a favor de cualquier medida para incentivar el catalán, pero que se haga con recursos públicos, no pagándola nosotros”.
El público debe mandar
Sierra afirmó que “lo que se tiene que incentivar es la demanda, no la oferta”. Según la gerente del gremio, “el público, en Cataluña, prefiere ir a ver las películas dobladas en castellano que no en catalán”. Hablando desde su experiencia, subraya que, “en igual de condiciones, sólo el 20% del público va a ver una película doblada al catalán”.
En este sentido, el propietario de las salas Casablanca-Kaplan, Salomon Shang, señaló a la agencia Europa Press que “el hecho de politizar un arte no sólo es peligroso, sino que además es siniestro, porque pretende que el espectador acuda más a las salas simplemente por un fenómeno de identificación lingüístico”. Y añadió: “Estoy cansado de ver cómo películas que reciben subvenciones desproporcionadas no viene a verlas ni el gato”.
Mientras los empresarios temen la que se les va a caer encima, todos los partidos, a excepción del Partido Popular y Ciudadanos, están muy ilusionados con la propuesta. El diputado de CiU en el Parlamento autonómico Carles Puigdemont declaró que se está caminando “en la dirección de lo que dice el Estatut de garantizar el derecho de opción lingüística”. En la misma dirección, la diputada de ERC Mercè Roca señaló que, así, “se acabará con la injusticia” de no poder ver las películas en la lengua que uno quiera.
Intervencionismo de Montilla
En cambio, desde el Partido Popular y Ciudadanos se ha denunciado el intervencionismo de la Generalitat. Estos dos partidos rechazan de lleno la nueva futura ley del consejero Tresserras.
La polémica afecta a un sector sensible. No hay que olvidar que Cataluña es la comunidad que más salas de cine tiene en España, un total de 795, cifra que supera a las 734 de Andalucía, las 616 de Madrid y las 511 de Valencia. Pero también es verdad que de las 450 películas que se estrenaron en Cataluña el año pasado, no llegaban al 3,5% las que lo hicieron en catalán. Las demás llegaron a las pantallas en castellano o con subtítulos en castellano.
El Confidencial
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