BARCELONA. De no ser porque así lo recoge el propio Estatuto aunque sea mediante un redactado algo cicatero -«El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado Español»-, nadie diría que en Cataluña el castellano es un idioma tan oficial como el catalán. Las administraciones públicas son las primeras en hacer caso omiso de esta supuesta igualdad y ponen el mismo empeño en el uso y proyección del castellano que en el uso y proyección de algunas lenguas extranjeras. O incluso menos.
Lo sucedido estos días en la localidad de Rubí (Barcelona) revela hasta qué punto las instituciones catalanas están dispuestas a conceder a las lenguas de los recién llegados aquello que niegan al castellano: la normalidad. En el marco de una campaña informativa sobre los horarios comerciales impulsada por la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Rubí ha repartido estos días en los locales comerciales del municipio folletos redactados mayoritariamente en catalán y árabe y únicamente en catalán.
Es cierto que el folleto catalán/castellano existe, que la Diputación se ha tomado la molestia de editarlo y que tal vez en otros municipios se ha distribuido, pero en Rubí -municipio gobernado por PSC y ERC- no se han visto demasiados ejemplares. Ante las quejas recibidas por parte de algunos comerciantes, el grupo municipal del PP ha emprendido una campaña para denunciar (con algo de sarcasmo) la política lingüística del equipo de gobierno: «El Ayuntamiento de Rubí junto con la Diputación de Barcelona por fin ha atendido las demandas del PP y practica el bilingüismo: se comunica con los rubinenses en catalán y árabe». Los populares también se quejan de que el consistorio sólo utiliza el español «para pedir el voto y para exigir a los ciudadanos que paguen sus impuestos... entonces el castellano sí es de ley».
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