2 de septiembre de 2009

Obligan a rotular en catalán a un vecino denunciado por otro




«Creía que no tenía ningún enemigo, pero parece que no es así», dice el comerciante

HÉCTOR MARÍN

Barcelona


Que él sepa, protagoniza el primer caso de comerciante denunciado en la ciudad barcelonesa de Sant Boi de Llobregat por no rotular su negocio también en catalán. «Creía que no tenía ningún enemigo, pero parece que no es así». Indefenso, impotente, damnificado y amenazado. Así se siente este trabajador autónomo tras recibir la pertinente amonestación de la Agencia Catalana del Consumo hace escasos días. Desde entonces, su desconcierto no ha menguado ni un ápice.

Andrés Mora Nohales es un pequeño empresario con varias tiendas repartidas en Sant Boi de Llobregat, localidad en la que ha pasado gran parte de sus 52 años. Aquí llegó a los 14, procedente del pequeño pueblo conquense de Monteagudo de las Salinas. En la comarca del Bajo Llobregat se hizo a sí mismo. A mediados de los años 80, poco después de casarse con una catalana, fundó su propio negocio familiar. Una ferretería en Ciudad Cooperativa, barrio obrero de aplastante mayoría castellanohablante.

Pese a esta circunstancia, el rótulo de la ferretería ha motivado un tsunami de indignación en un ciudadano anónimo. En la denuncia de este sujeto no identificado se sustenta la Agencia de Consumo de la Generalitat catalana para instar a Mora a que en el plazo máximo de «dos meses» ajuste el cartel que anuncia sus servicios a la «normativa vigente»: el artículo 32.3 de la Ley de Política Lingüística. Según este capítulo, «la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios de los establecimientos abiertos al público tienen que estar redactados, al menos, en catalán».

Este trabajador autónomo sostiene que normativas de este tipo «ayudan a discriminar el castellano, una lengua que también es oficial» en Cataluña. «Ciudad Cooperativa es un barrio en que nueve de cada 10 conversaciones se mantienen en castellano», indica.

Mientras camina de la ferretería a su oficina, Mora señala varios comercios: «Muchos rótulos están en castellano», dice. Y añade: «¿Por qué un particular querría delatarme?».

Mora afirma que él no tiene «nada en contra» de la lengua catalana. Al contrario, se declara «bilingüe» y recuerda que «siempre» ha matriculado a sus dos hijas «catalanas al 100%» en colegios que «apuestan por la enseñanza en catalán».

Sentado en su despacho, Mora muestra múltiples presupuestos de su empresa. Redactados en catalán. «Tengo otras empresas en las que absolutamente todo está escrito al menos en catalán», señala. «¿Por qué en la ferretería, tras 25 años con ese cartel, tengo que afrontar ahora un gasto con el que no contaba?», se cuestiona.

Como preso de una absurda culpabilidad, Mora abunda en su defensa: «La época en que encargué el rótulo por el que me han denunciado era distinta a ésta: se hacía menos publicidad, no había internet, no se daban tantas tarjetas de visita. Lo pusimos en castellano, sin reparar en que eso pudiera acabar molestando a alguien un cuarto de siglo después».

Según la carta remitida por el Gobierno catalán, la Ferretería Mora fue denunciada el pasado 31 de enero. El requerimiento, llegado al comercio el pasado 8 de julio, señala que, según un «ciudadano/a», los rótulos y carteles fijos de información general no figuran en catalán.

«El de Sant Boi no es un caso único del Baix Llobregat: en Castelldefels varios comercios y restaurantes del centro comercial Ànec Blau han sido inspeccionados; se les invitó a cambiar los rótulos», explica la concejal del PP en el Ayuntamiento de Sant Boi, Marina Lozano.

El Mundo

El precedente de Sants

BELÉN PARRA

Barcelona

El barrio de Sants de Barcelona, donde comercios históricos resisten los vaivenes de la crisis en un entorno cada vez más degradado, es de los más perseguidos por la ofensiva lingüística del Consistorio. EL MUNDO denunció hace un año la persecución que sufrían los comerciantes que mantenían sus rótulos en castellano. En el pleno del distrito de Sants-Montjuïc del 22 de enero de 2008, el PP denunciaba que se hubieran multado hasta esa fecha a 62 tiendas en Barcelona. Asimismo, el líder 'popular' Alberto Fernández Díaz criticaba entonces que el Ayuntamiento barcelonés se erigiera en «comisario lingüístico» de los comercios tras aprobarse la propuesta de incrementar el control en la aplicación de la normativa lingüística sobre locales de negocio.

El Mundo

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