-Sus padres denuncian que no les han permitido que sus hijos aprendan castellano
- Francisco y Encarnación han decidido marcharse de Cataluña porque la Generalitat los ha marginado, pues exigen que se reconozca el derecho de sus hijos, sordos de nacimiento, a aprender castellano en lugar de catalán.
-Si Héctor y Eloy no aprenden catalán, no recibirán ninguna ayuda de la Generalitat.
Amenazaron a Encarnación con quitarle la custodia de sus hijos si no cedía al catalán.
Fernando Toda, Barcelona
Se llaman Héctor y Eloy. Tienen 10 y 5 años y desprenden una simpatía especial. Héctor es más tímido; Eloy, más extravertido. Los dos son sordos de nacimiento y a los dos se les ha realizado un implante coclear, un aparato que, a través de electrodos, permite que puedan acabar por interpretar los sonidos que les llegan. No es fácil, pero pueden terminar hablando un idioma, siempre que lo escuchen con mucha insistencia. Esto es, que lo escuchen en el colegio y en casa.
En el caso de Héctor y Eloy, la mejor elección es el castellano. Y puestos a seleccionar una sola lengua hablada, el personal del Centro de Recursos Educativos para Deficientes Auditivos (CREDA) de Sant Feliu de Llobregat, centro público gestionado por la Generalitat de Cataluña, ha impuesto el catalán.
Catalán o exilio
"No queremos el castellano porque sí", indica Encarnación Arrabal a ALBA, "sino porque nuestros hijos fuera del colegio escuchan siempre el castellano, es su lengua materna, y lo aprenderán mejor". Así se lo hicieron saber hace ya años a los responsables del centro, pero sin resultado. Más bien al contrario, cuando Francisco y Encarnación pidieron una educación en castellano, recibieron esta respuesta por parte de responsables del CREDAC, como Claustra Cardona: "Si quieren castellano, o se marchan de Cataluña o se hacen a la idea de que los niños se quedarán con el lenguaje de los signos".
Todo eso, a pesar de que la ley reconoce que todos los padres tienen derecho a escoger que sus hijos, hasta los ocho años, estudien en la lengua que se utiliza en casa. "Mis hijos no van a poder aprender a hablar más que una lengua y quisiera que fuera el castellano, que es más práctico y les costará menos", explica Encarnación. Este derecho queda recogido en el artículo 20.2 de la Ley de Política Lingüística aprobada por la Generalitat en 1998.
La madre de los niños ha llegado a solicitar una entrevista con el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, que no se ha llevado a cabo. "Hablé con su secretario, le expliqué mi caso, pero no he obtenido respuesta", concreta. Incluso enviaron una carta a la Generalitat que les fue devuelta por no estar escrita en catalán.
Mientras tanto, vista la negativa o el silencio que han logrado tanto de responsables del CREDAC de Sant Feliu como de responsables del EAP (Equipos de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógico), la familia se ha dirigido al Defensor del Pueblo para denunciar su caso.
Mientras, el CREDAC, que tiene como función enseñar a hablar a los niños sordos y asesorar a los padres sobre lo mejor de cara a la educación de los hijos, "antepone el catalán a la educación del niño", critica Francisco. Otra prueba de ello es que puestos a imponer una lengua, el CREDAC ha seleccionado para Héctor libros de texto en catalán, porque si sólo puede hablar una lengua, tiene que ser el catalán. De telón de fondo quedan los derechos de los padres y las necesidades de los niños, verdaderas víctimas. " ¿Qué será de ellos cuando sean ya mayores?", se pregunta Encarnación. "¿Qué será de ellos si, por culpa de esta imposición, no pueden acceder a un buen trabajo? Quiera Dios que mis hijos tengan un futuro".
Asociación por la Tolerancia
Xavier Pericay. "Canallas"
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